Viernes 21 de Junio de 2013
Los detenidos y golpeados en Pergamino iniciaron una denuncia ante este gravísimo hecho de violencia policial. En la última semana de mayo, diez niños y adolescentes de entre 10 y 17 años terminaron en la Seccional Primera.
Los jóvenes que suelen encontrarse en la Plaza Merced fueron reprimidos y demorados luego de que se movilizaran hasta allí para reclamar por la detención de tres niños de 10 años que estaban practicando skate frente a la plaza.
Los familiares de cinco de los diez menores de edad presentaron la primera semana de junio una denuncia en la fiscalía Nro. 4 a cargo de la Dra. Karina Pollice y piden la urgente identificación de los responsables. El abogado que los representa, Nicolás Chamut, informó que los chicos fueron citados a declarar junto a sus madres y que luego se hará el reconocimiento del personal policial que intervino. El abogado solicitó que esto se haga a través de fotografías y no en forma personal o por cámara Gesell ya que se trata de niños entre 10 y 13 años.
Las declaraciones de los niños fueron coincidentes entre sí y con la de sus madres, que son quienes figuran como denunciantes, explicó Chamut, quien también informó que se pidieron los legajos de todos los policías que estaban trabajando esa tarde y ya se identificó al subcomisario que estaba a cargo del procedimiento de apellido Ginocchio.
Paralelamente el abogado solicitó copia de la causa que se inició a los menores ya que ese expediente contaba con las fotos de las cámaras de seguridad de la plaza donde fueron detenidos. “Seguramente será archivada” afirmó Chamut, porque “además de que los chicos son inimputables, no se pudo corroborar que estuvieran ocasionando destrozos en los bancos de la plaza”, situación que ocasionó la supuesta denuncia que derivó en las detenciones.
El caso
Recordemos que el hecho ocurrió el domingo 26 de mayo, entre las 19 y las 23 horas, cuando varios niños y adolescentes estaban reunidos y practicando skate frente a la plaza Merced, ubicada en pleno centro de Pergamino. En un momento, aparentemente por algún llamado de los vecinos, personal de la Comisaría primera se acercó al lugar y se llevó demorados a tres niños de 10 años. Los adolescentes y jóvenes que estaban en la plaza se movilizaron hasta la Comisaría para reclamar por la liberación de los amigos y ahí fueron reprimidos con balas de goma y siete de ellos aprehendidos y llevados al interior de la dependencia policial. Entre los demorados, había una niña de 12 años. De acuerdo al relato de algunos de los padres y al comunicado emitido por las organizaciones, las pericias médicas que se realizaron posteriormente dan cuenta del maltrato y los golpes que los chicos recibieron en la comisaría. También denuncian que fueron agredidos verbalmente y amenazados para que no revelaran quiénes los habían golpeado. Pero la amenaza no se limitó a los chicos, sino que también algunas madres fueron víctimas de ellas cuando fueron a retirarlos: “todo el tiempo nos estaban provocando para que reaccionáramos mal hacia ellos. Yo creo que para justificar lo que habían hecho”, cuenta Cinthia, mamá de uno de los niños demorados
Los padres de los chicos –todos ellos menores de edad- fueron notificados de los hechos recién dos horas después de ocurridos. Cuando varias madres se hicieron presentes en la comisaría para retirar a sus hijos, fueron intimadas a firmar una declaración en la que hacían responsables a los chicos de los supuestos delitos cometidos: disturbios en la vía pública, resistencia a la autoridad, y golpes a un oficial. Cuando al día siguiente se presentaron en la Defensoría oficial de la justicia penal juvenil citados por el defensor, éste les “aconsejó” a las madres que por un tiempo no les permitan salir a sus hijos “hasta que se aquieten las aguas”.
Los uniformados que participaron del operativo en ningún momento se identificaron.
La CTA, SUTEBA, la Coordinadora de estudiantes secundarios, la Asociación por los derechos humanos y la memoria, la JP Evita, la Juventud Nuevo Encuentro, entre otras organizaciones, se solidarizaron con los familiares, y se sumaron al reclamo de justicia para que se identifique a los responsables del brutal accionar. En el comunicado emitido, manifestaron “No queremos más esta policía que se maneja en la ilegalidad. Queremos una fuerza de seguridad que se ajuste a derecho, que sea democrática, que no apunte a nuestros jóvenes tratándolos como a delincuentes sólo porque son el eslabón vulnerable del entramado social. Este que denunciamos es un gravísimo caso de VIOLENCIA INSTITUCIONAL, una situación que se encuadra en lo que se denomina “represión preventiva” la que se aplica particularmente en contra de la juventud. Como jóvenes, como sociedad, no podemos permitir que esto siga sucediendo.
