Martes 14 de May de 2013
El proyecto de expropiación fue presentado por diputados kirchneristas. Por Sebastián Premici
“La actual producción de papel no llega a satisfacer la demanda de los diarios de la Argentina. Hay un gran déficit. En este sentido, es necesario que Papel Prensa realice cuantiosas inversiones, pero no creo que la actual conducción a cargo de los diarios Clarín y La Nación quiera hacerlas.” En diálogo con Página/12, el secretario de la entidad Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra), Jorge Conalbi, sostuvo que el posible cambio en la conducción de Papel Prensa a partir de un proyecto de ley que impulsa la expropiación del 24 por ciento del patrimonio de la compañía sería una condición necesaria para resolver los faltantes de stock y los problemas de financiación de los diarios de todo el país.-
El dirigente formuló estas declaraciones luego de conocerse el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados del Frente para la Victoria, donde se propone la recuperación del control accionario de la compañía. Esta podría ser la segunda etapa de un plan que comenzó con la declaración de interés público de la producción, fabricación y distribución de papel para diarios, sancionada en diciembre de 2011.
“La ley de 2011 fue un paso fundamental para eliminar los cupos a los que nos sometían los accionistas privados de Papel Prensa. Hoy existe una continuidad de aquel trabajo a través de una comisión creada ad hoc para fiscalizar el cumplimiento de la norma. Pero si bien los cupos dejaron de existir, la empresa no nos financia nada y tiene faltantes de producción. Por eso muchos se ven empujados a importar”, explicó el secretario de Dypra, entidad que reúne a 117 asociados.
El actual proyecto de ley fue presentado por los legisladores del FpV Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García, Graciela Giannettasio, Gloria Bidegain, Luis Cigogna, Adriana Puiggrós, Andrea García, Dulce Granados y Gastón Harispe, de Nuevo Encuentro. De la lectura de los fundamentos se desprende que el sustento político de esta iniciativa está anclado en el informe “Papel Prensa: La Verdad”, presentado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en agosto de 2010. Aquel trabajo explicitó, a través de documentos históricos y declaraciones testimoniales, los mecanismos que utilizaron los diarios Clarín, La Nación y La Razón, junto a los integrantes de la última dictadura, para quedarse con las acciones de la empresa que estaba en poder de la familia Graiver.
Como parte de la alianza entre los tres diarios mencionados y el gobierno cívico-militar se ideó un “pacto de sindicación de acciones”, donde se comprometieron a votar siempre en el mismo sentido, tanto en las Asambleas como en el Comité Directivo.
El proyecto que ingresó anteayer a la Cámara de Diputados estipula que el Estado expropiará 24 puntos porcentuales del patrimonio total de la compañía, que serán extraídos en forma proporcional de todos los propietarios de esas acciones. De esa forma, Clarín cedería en la expropiación 12,24 puntos de sus acciones para pasar a tener directamente 24,76 por ciento del total de la empresa. La participación de La Nación se reduciría hasta 14,55 por ciento. De esta manera, el Estado se convertiría en el controlante del 52 por ciento de la papelera.
El nuevo proyecto de ley todavía no fue girado a ninguna comisión. En el debate de 2011, la declaración de interés público para la fabricación y comercialización de papel fue analizada por las comisiones de Comercio, Asuntos Constitucionales, Libertad de Expresión, Comunicaciones y Peticiones y Poderes. Ahora podría repetirse el mismo esquema, salvo por la Comisión de Peticiones y Poderes, ya que no se pide crear ninguna comisión.
Para el FpV, este proyecto forma parte de una jugada de ajedrez contra el Grupo Clarín, que se disputa en distintos planos: por un lado la apelación ante la Corte Suprema para que resuelva definitivamente la constitucionalidad de varios artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; por otro lado, el pedido a la Justicia para que sean investigadas las empresas offshore del grupo. Y ahora se sumó este proyecto de ley
