Lunes 29 de May de 2017
DESDE EL COLEGIO DE INGENIEROS DE LA PROVINCIA
Advierten por la falta de controles estatales en el uso de agroquímicos
- Diario Democracia - Junin
Para Matías Lamarre, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos, está faltando un seguimiento más exhaustivo en el uso y aplicación de pesticidas.
Un revelamiento efectuado por el Senasa días atrás en los mercados concentradores de frutas y hortalizas de La Plata, General Pueyrredón y Abasto dio cuenta de la falta de controles en el uso de agroquímicos en la mayoría de las zonas productoras de la Provincia.
Eso causó fuerte repercusión también en la Región, ya que el alerta por el uso de agroquímicos es permanente. Al respecto, Matías Lamarre, presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Junín, explicó que “hay distintos procedimientos, por una parte hay aplicaciones en cultivos extensivos, y por otro lado, las que se hacen en cultivos intensivos. Desde que uno hace un tratamiento en un cultivo extensivo, hasta que llega a ser apto para consumo humano, pasa un tiempo que por lo general sobrepasa el ‘tiempo de carencia’. El tiempo de carencia es el que debe transcurrir entre la aplicación de un producto determinado, y el que está listo para ser consumido, por el ser humano o por un animal”.
Advirtió que cuando se trataba de hortícolas, vegetales o frutos era probable que se hiciera una aplicación y que, por falta de control, ese producto llegue al mercado sin respetar ese tiempo recomendado.
“En el caso de un cultivo extensivo es totalmente improbable que eso suceda, porque no hay forma que el producto llegue al consumo humano antes de que sea procesado, antes que pase un tiempo determinado. Desde que se aplicó hasta que se cosecha pasan más de veinte días, por lo cual eso cubre la mayoría de los períodos de carencia, desde que eso se cosecha hasta que haya consumo humano pasa mucho tiempo también. Por eso es muy diferente el caso de las aplicaciones en los cultivos hortícolas, que son intensivos. No todos los productos
tienen el mismo tiempo de carencia, no hay una regla universal”, manifestó el ingeniero agrónomo Lamarre.
En ese caso, podía suceder que, haya quedado algún remanente que pueda ser utilizado aún hoy, aunque esté prohibido. “Si nadie controla es difícil asegurarse que eso no suceda”, advirtió.
Preocupación provincial
Ante el hecho, desde el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires (CIPBA) recordaron que los ingenieros agrónomos son los únicos profesionales autorizados para "recomendar, dosificar e indicar las formas de aplicarlo, incluyendo las condiciones atmosféricas que deben respetarse para obtener un tratamiento eficiente y sin
riesgos para quien lo hace, y para toda la población" con cualquier pesticida.
"Los agroquímicos, como los remedios, deben ser utilizados por los profesionales preparados para ello, que son los ingenieros agrónomos. Cada aplicación debe ser recomendada, receta mediante, por un profesional que seleccione el producto necesario para combatir la plaga de que se trate y en la dosis adecuada que no comprometa la salud de los seres vivos que habitan nuestra provincia", advierte el comunicado del Departamento de Ingeniería Agronómica (DIA) del CIPBA.
En ese sentido, cabe recordar que está vigente el protocolo de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en el que la intervención del profesional asegura una determinada calidad de producto sin daños a la salud de los consumidores y sin impactos negativos al ambiente, utilizando las más variadas técnicas de manejo, las que no necesariamente implican el uso de agroquímicos.
En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Agroquímicos Nº 10.699/88 y su decreto reglamentario 499/91, que establecen cómo deben aplicarse los agroquímicos, el uso de la Receta Agronómica, la intervención profesional requerida y quiénes son los responsables del control de aplicación de dicha ley.
"Lamentablemente la Provincia ejerce una exigua fiscalización: las agroquímicas venden estos productos sin exigir la receta obligatoria, y los mercados concentradores no tienen ningún control sobre los productos que reciben y luego expenden a los consumidores", remarcaron desde el DIA.
Los profesionales reclamaron el cumplimiento de las leyes y "que el Estado controle el uso adecuado de los agroquímicos, exigiendo la receta fitosanitaria, que los productores sean conscientes de que están comprometiendo la salud de la población, y que los consumidores también revisen los productos que llevan a su mesa, solicitando un sello de calidad controlado de los mismos".
"Sabemos que esto es difícil de concretar dado que hay muchos intereses económicos en juego, pero creemos que es el camino correcto para salvar los problemas que nos están aquejando actualmente como sociedad, ya que comemos y vivimos como cualquier ciudadano", dice el mensaje, que insiste sobre el final con la necesidad de "que se cumplan dichas normas, que exista un control fehaciente por parte del Estado, autoridad de aplicación de la normativa, en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal ".
Más control
A nivel local, también se pide mayor presencia estatal. “Estoy de acuerdo con el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires en cuanto a que está fallando, está faltando el organismo de control que regule no solamente que se respete estos tiempos de carencia sino que además se utilicen los productos que están debidamente habilitados para tal fin”, afirmó Lamarre.
En cuanto al control en los comercios para que no vendan este tipo de productos, Lamarre opinó que ese control era mucho más sencillo porque se tenía que declarar la mercadería del depósito si el negocio se dedicaba a la venta de insumos, y que además constaba todo en el registro de facturación de productos. “Es bastante sencillo comprobar que ese producto no esté a la venta en los canales formales, por lo menos”, opinó.
Sobre los cultivos hortícolas de la zona, el entrevistado dijo que existían medidas de control pero algunos no se cumplían si esos cultivos estaban en la informalidad. “Efectuar controles en ese sentido, sin haber un mercado central que sea un punto de referencia, es bastante complejo. En Junín, por ejemplo, es común comprar productos directamente en las quintas, donde se venden bolsones de verduras y eso es posible que no tenga ningún tipo de control”, opinó.
“Lo que es mercado central pasa por un proceso de auditoría pero lo que son mercados más informales ese proceso es mucho más complejo. Pero, como ciudadanos, siempre hay que exigir al Estado que haga los controles que son necesarios, que incluso se les cobra a los mismos productores”, concluyó Lamarre.
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