Martes 18 de Julio de 2017
PERGAMINO
Incendio en la Comisaría: repudian el fallo de la Cámara de Apelaciones
La decisión de confirmar el arresto domiciliario para cuatro de los seis efectivos policiales imputados generó gran indignación entre los familiares y la Comisión Provincial por la Memoria que anunció que volverá a apelar.
FOTO ARCHIVO DIARIO LA OPINION
La decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Pergamino de confirmar el arresto domiciliario para cuatro de los seis efectivos policiales imputados en el incendio de la Comisaría Primera, generó el repudio de los familiares de los siete jóvenes fallecidos y de la Comisión Provincial por la Memoria.
Los jueces Martín Morales, Gabriela Jure y Mónica Guridi decidieron dar lugar al pedido de morigeración de la prisión preventiva en la modalidad de arresto domiciliario, solicitada por la defensa de los policías imputados y avalada por el juez de Garantías, César Solazzi. La medida benefició a los oficiales César Brian Carrizo; Matías Ezequiel Giulietti; Sergio Ramón Rodas y Carolina Denise Guevara, mientras que el oficial de servicio Alexis Eva sigue detenido y el comisario Alberto Donza prófugo.
La decisión del tribunal generó gran indignación entre los familiares de las víctimas y la Comisión Provincial por la Memoria, la cual patrocina a tres de las familias, ya que cuatro de los seis imputados gozarán del beneficio de arresto domiciliario con control de monitoreo electrónico. A través de un comunicado la CPM anunció que volverá a apelar el fallo porque entiende que la resolución “es contraria a la jurisprudencia vigente, agravia a los familiares de las víctimas y atenta con la búsqueda de justicia”.
“Las querellas y el fiscal de la causa, Néstor Mastorchio, habían denunciado estrategias de entorpecimiento de la investigación judicial por parte de los imputados y sus defensores; sin embargo, la decisión de la Cámara desestimó estas advertencias”, sostiene.
En otra parte del comunicado la CPM denunció que “tanto la decisión de Solazzi como de la Cámara desconocieron el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación. Todo esto sucede mientras el Comisario Alberto Donza continúa prófugo de la justicia”. Ante la gravedad de esta situación, la Comisión Provincial por la Memoria “advierte una vez más con preocupación la selectividad y privilegios que reciben, en muchos casos, los integrantes de la fuerza de seguridad”.
El organismo exige que “se revea la aplicación efectiva de este beneficio porque entiende que pone en serio riesgo el avance de la causa judicial” y recuerda que “desde el primer momento, la Policía -valiéndose del carácter corporativo de las fuerzas de seguridad- intentó entorpecer la investigación. Entre las pruebas que existen en la causa, se determinó que fueron adulteraron los libros de la Comisaría; una vez imputados, ellos y sus defensores realizaron cuestionamientos generales sobre los actores del departamento judicial y denunciaron amenazas que nunca pudieron ser comprobadas”, continúa el comunicado.
“Todas estas advertencias y denuncias presentadas por las querellas y por el fiscal Néstor Mastorchio fueron desoídas primero por el juzgado de Garantías y luego por la Cámara de Apelaciones. De hecho, resulta significativo el cambio de parecer del juez Solazzi puesto que él mismo, dos meses antes, había dictado la prisión preventiva de los imputados reconociendo el peligro de fuga y la probabilidad de entorpecer la investigación. Entre un momento y el otro, la única novedad fueron los informes socioambientales y pericias psiquiátricas, que sostuvieron que los imputados cuentan con una estructura de ‘contención familiar’. Para Solazzi, esos resultados bastaron para considerar que se habían neutralizado las circunstancias que llevaron al dictado de la prisión preventiva”. Sin embargo, la CPM señaló durante la audiencia en la Cámara de Apelaciones que “esas definiciones resultan insuficientes para sostener una resolución que, a su vez, es contraria la jurisprudencia vigente y constituye un agravio a los familiares de los siete jóvenes que murieron quemados y asfixiados en la Comisaría Primera”.
La CPM patrocina a las familias de Sergio Filiberto, Fernando Latorre y Franco Pizarro y en este contexto espera que la resolución sea revisada y que la justica tenga en cuenta la gravedad del hecho por el carácter de funcionarios públicos de los imputados.
Noticias Relacionadas
INNOVACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA
