Lunes 5 de Enero de 2015
Se trata de las ciudades de 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Junín y Chacabuco, cuyos pobladores se han movilizado para denunciar el alto nivel de arsénico en el servicio de agua.
El alto nivel de arsénico en el servicio de agua de la provincia de Buenos Aires asusta: por este problema se movilizaron vecinos de 9 de Julio, Lincoln, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Junín y Chacabuco, quienes realizaron estudios comprobatorios e iniciaron causas judiciales.
Pero, desde la organización “9 de Julio-Todos por el Agua”, sostienen que son muchas más las localidades bonaerenses que tienen este veneno en niveles mayores a los permitidos por el Código Alimentario Argentino (0,01 mg/l) y todavía no saben que están consumiendo un líquido que les puede causar cáncer de piel, entre otros peligros para la salud de la población.
Justamente, a partir del caso de la ciudad de 9 de Julio que inició una causa contra la empresa Aguas Bonaerenses SA (ABSA), un reciente fallo de los jueces de la Corte Suprema estableció que “el acceso al agua potable es un derecho humano básico para la vida e indispensable para ejercer cualquier otro derecho”.
La resolución de la justicia es histórica y da un importante aval al reclamo de los bonaerenses, ya que se ordenó a los jueces que tutelen el derecho de la población al acceso al agua potable y busquen soluciones procesales que utilicen las vías más rápidas.
Además, el fallo ratificó la obligación de repartir, ya sea por iniciativa propia u orden judicial, botellones con líquido apto para beber, medida que ya se implementa en Nueve de Julio, Alberti, Lincoln, Rivadavia, San Nicolás, entre otros. Sin embargo, esto no da solución al problema de fondo.
Para los integrantes de 9 de Julio-Todos por el Agua, los programas son "parches”, por lo que sostienen que no se rendirán hasta ver terminada y en funcionamiento la nueva planta de agua.
“Tanto el gobierno provincial como ABSA lo saben, en estos cuatro años que nos hemos estado reuniendo nunca lo negaron y ellos mismos nos han dicho que no pueden solucionar el problema porque el 80% de la provincia está igual”, explicó Julia Crespo, presidenta de la organización que logró un fallo histórico, en declaraciones al diario Democracia de Junín.
Mientras tanto, los vecinos pagan el agua que sale de sus canillas, un servicio que no pueden consumir y cuya factura no los advierte del nivel de arsénico; tal como lo sentenció una orden judicial de 2011.
LA OBRA DEL ACUEDUCTO
El nivel de arsénico en el agua se debatió recientemente en la Legislatura bonaerense, a partir de un pedido del diputado del bloque Frente Amplio Progresista (FAP) por Rivadavia, Abel Buil, quien solicitó la realización de la obra del acueducto del Río Paraná, un emprendimiento proyectado en conjunto por la Universidad Nacional de La Plata y el Ministerio de Infraestructura de la Provincia durante 2010 y 2011.
La iniciativa alcanza a los partidos de Florentino Ameghino, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Irigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve De Julio, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Rivadavia, Rojas, Salliqueló, San Nicolás, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Guaminí, Daireaux, Trenque Lauquen y Tres Lomas.
“El año pasado fue presentado al Ministerio el proyecto del acueducto para toda la zona noroeste de Buenos Aires. Está hecho. El tema es lo que implica la inversión”, dijo el intendente de Rivadavia, Sergio Buil, hermano del diputado bonaerense por el FAP que realizó el pedido en la legislatura.
En ese sentido, explicó que lo que se pidió en Diputados fue “que se empiece a considerar en el presupuesto la realización del acueducto”.
“Para nosotros es un tema muy importante. Y en la línea de Pehuajó - Carlos Casares, ahí hay problemas que creo que son más fuertes. Nueve de Julio también tiene”, dijo. Además, el jefe comunal de Rivadavia afirmó que en 2010 durante un encuentro del Consorcio de Desarrollo del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Codenoba) y la Universidad Nacional de Trenque Lauquen, plantearon la necesidad de resolver el problema del agua potable a la entonces ministra de Infraestructura, Cristina Álvarez Rodríguez.
También en diálogo con Democracia, el intendente de Lincoln, Jorge Fernández, dijo que están trabajando con ABSA para tratar de resolver el problema y criticó el pedido del bloque de diputados del FAP para la construcción del acueducto al tildarlo como una “cuestión electoralista”.
En este sentido, argumentó que “la gran problemática es por los nitratos y nitritos de las cañerías. Lincoln es una ciudad de las primeras que tuvo agua corriente. Debe tener 115 años. Hay que cambiar el tendido de red de cloacas. ¿Por qué no discutimos ese tipo de cosas?”.
