Sábado 11 de Julio de 2015
La crisis de MOM es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. La empresa está concursada desde el 2001, pero nunca se la monitoreó. Y la quiebra impide que el Estado siga brindando el servicio.
Por Javier Guevara
“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” sostuvo alguna vez Albert Einstein. Desde que Carlos Selva asumió el gobierno municipal la empresa MOM se encuentra concursada. De hecho el expediente en trámite ante el Juzgado Civil y Comercial 8 a cargo de la doctora Mabel Scasso dato del año 2001. O sea que cuando Selva asumió, el problema del transporte público ya estaba latente.
Pero ¿qué hizo para revertir esa situación durante casi 12 años de gobierno? Nada. O al menos nada bueno, ya que mantuvo esa situación de crisis sin resolver el problema. ¿Y eso porqué? Simple: hizo siempre lo mismo. Buscar que un privado resuelva el problema. Llamó insistentemente a licitaciones que quedaban desiertas porque las empresas que se dedicaban a la actividad comprendían que era inviable una empresa de transporte público de pasajeros en esta ciudad.
El Ejecutivo debió monitorear el estado de la empresa. Existen infinidad de herramientas legales para anticiparse a esta crisis casi terminal. Pero, contrariando el sentido común, esperó que la situación se colapse para ahora pretender erigirse en el salvador y cuestionar –cuándo no– al Gobierno nacional.
“¿A quién se le ocurre subsidiar con 70 mil pesos a una empresa a punto de cerrar?”
En rigor de verdad, el Estado nacional hizo lo que el municipio nunca se animó a hacer: exigir el cumplimiento de las normas en materia de seguridad de los pasajeros solicitando la actualización de las unidades. Y la forma de hacer cumplir esa norma fue reteniendo parte del subsidio hasta tanto se cumpla con ello.
Selva –lejos de salir a aplaudir la iniciativa del gobierno, que no hace otra cosa más que garantizar la seguridad de los usuarios– cuestiona la decisión y habla de la necesidad de que se le devuelva lo que se le quitó. En verdad, a MOM nunca se le quitó nada. Simplemente se le retuvo una ayuda que solo se le entregaba a las empresas que cumplían con la modernización de sus unidades. Es muy posible que si el Estado nacional hubiera actuado de la misma forma con las empresas ferroviarias, la tragedia de Once no hubiese existido.
Pero el intendente y sus voceros solo repitieron el discurso buscando el enemigo afuera, sin siquiera hacer una autocrítica.
La crisis de MOM es responsabilidad exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. La oposición –una vez más– fue torpemente generosa con el jefe comunal. Se presentó y dio quórum y votos para aprobar lo pedido por el jefe comunal. Casi sin modificaciones, los mismos instrumentos que le aprobaron en diversas oportunidades. Es que el jefe comunal cree que –en esta oportunidad– podrá interesar a empresas de transportes para participar de una licitación. Esta expectativa es una fantasía. No importa que la UTA le pida a empresas que se presenten. Cualquiera que conoce el rubro sabe que –tal cual está– el transporte público de pasajeros es inviable para un privado.
Lo que no se entiende es por qué el Ejecutivo se desentendió de su rol de cedente y no verificó el estado de la empresa de manera periódica a pesar de conocer la existencia de un concurso preventivo. Menos se entiende cómo permitió que la empresa vaya a la quiebra sin haber incautado los elementos necesarios para seguir brindando el servicio.
Párrafo aparte merece la decisión del Ejecutivo de entregarle horas antes del punto final, un subsidio de 70 mil pesos a la empresa para que abone una deuda de combustible. ¿A quién se le ocurre subsidiar con 70 mil pesos el pago de combustible de una empresa a punto de cerrar? Parece más un favor al acreedor del combustible que a la empresa, a los trabajadores y a los usuarios.
El 26 de mayo –o sea más de un mes antes– el jefe comunal fue informado de modo fehaciente de la delicada situación de la empresa. Y nada hizo al respecto en el sentido estricto de la palabra: solo esperó que el Ministerio del Interior incumpla una reglamentación, para que la empresa mercedina siga recibiendo dinero. La verdad: bastante poco para un hombre que tuvo durante casi 12 años el poder de poner en marcha otro sistema de transporte público.
